La tierra para quien la trabaja

Fue el corazón de la Sierra Maestra una vez más, testigo natural de un momento importante en los primeros meses de la Revolución Cubana. En la casa de uno de los tantos labradores pobres de la región, Fidel Castro puso fin a la explotación del campesinado cubano el 17 de mayo de 1959.

Hasta entonces Cuba presentaba una situación típica de economía neocolonial, atrasada y dependiente, y los grandes latifundios azucareros y ganaderos, absorbían el 75 por ciento de las tierras que estaban en manos de sólo el 8 por ciento de los propietarios.

En el juicio a los sobrevivientes de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Fidel Castro, en su alegato de defensa, conocido como La historia me absolverá, describe esta situación: "500 mil obreros del campo que habitan en bohíos miserables, que trabajan cuatro meses y pasan hambre el resto del año, compartiendo con sus hijos la miseria, que no tienen una pulgada de tierra para sembrar y cuya existencia debiera mover más a compasión si no hubiera tantos corazones de piedra (...) a los cien mil agricultores pequeños, que viven y mueren trabajando una tierra que no es suya, contemplándola siempre tristemente como Moisés a la tierra prometida, para morirse sin llegar a poseerla, que tienen que pagar por sus parcelas como siervos feudales una parte de sus productos, que no pueden amarla ni mejorarla ni embellecerla, plantar un cedro o un naranjo porque ignoran el día que vendrá un alguacil con la guardia rural a decirles que tienen que irse..."

La firma de esta Ley transformaba la intolerable realidad de gran parte de la población. El gobierno nacionaliza todas las propiedades de más de 420 hectáreas de extensión y entrega la propiedad de la tierra a decenas de miles de campesinos. Entre otros beneficios, exoneraba del pago de rentas al 85 por ciento del campesinado, lo que significaba redistribuir ingresos por unos 300 millones de pesos. 

Esta medida revolucionaria, tuvo su continuidad en la Segunda Ley de Reforma Agraria, la cual, únicamente permitió mantener 66 hectáreas como máximo a los burgueses agrarios.

(Fuentes: Granma, AIN, Radio Rebelde)