Las protestas en Perú de los partidarios del expresidente, Pedro Castillo, se intensifican cada vez más, y obligaron a la nueva mandataria, Dina Boularte, a intentar aplacar la indignación popular, prometiendo adelantar las elecciones, como exigen los manifestantes.
La propuesta implica recortar en dos años el mandato de Boularte, quien dio a conocer esta madrugada un mensaje a la nación, tras la muerte de dos personas en la localidad de Anda-huaylas durante la represión policial.
Boularte lamentó los fallecimientos y anunció que declaraba el Estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social, para recuperar pacíficamente el control del orden interno.
Al mismo tiempo, Boularte propuso adelantar las elecciones presidenciales y legislativas para abril de 2024, dos años antes de lo previsto, pues en el 2024 debía concluir el mandato del destituido Pedro Castillo, y al mismo tiempo el de ella, como sucesora en el cargo.
Boularte precisó que en los próximos días remitirá un proyecto de ley de adelanto de los comicios para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, aunque primero deberían realizarse reformas constitucionales.
Analistas advirtieron que el cierre del Congreso, la renuncia de Boularte y el adelanto de los comicios generales son tres puntos bastante precisos que implican una plataforma de lucha por la que no se van a detener los seguidores de Castillo.
Las movilizaciones en la calle ganaron amplitud el fin de semana en varias ciudades del norte y sur andino, donde Castillo, un antiguo profesor y procedente de la región, tiene mayor popularidad.
Este lunes, manifestantes tomaron las instalaciones del Aeropuerto Internacional del departamento de Arequipa, para exigir la salida de la presidenta, Dina Boluarte, mientras otro grupo bloqueó la carretera Panamericana, a la altura del departamento de La Libertad.
Gremios y organizaciones campesinas e indígenas agrupados en el Frente Agrario y Rural del Perú anunciaron un paro indefinido a partir de mañana, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución.
El colectivo reclama además la inmediata libertad de Pedro Castillo, por considerar que No perpetró ningún golpe de Estado cuando el miércoles anunció el cierre del Congreso, la intervención de los poderes públicos y que gobernaría por decreto, lo que llevó a su destitución por el parlamento y a la asunción de la jefatura del Estado por la vicepresidenta, Dina Boluarte.
A su vez, la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú iniciará el 15 de diciembre una huelga nacional en el intento de exigir que se celebren comicios adelantados.
Con el mismo objetivo se movilizarán los pueblos indígenas de la Amazonía, cuya Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, denunció que la actual crisis ha sido aprovechada y se ha consolidado el asalto al poder de las mafias corruptas y racistas del Congreso, que han impuesto un Gobierno huérfano, pero bajo su dominio.
Después de que el impopular parlamento aprobara la destitución de Pedro Castillo, el ahora expresidente intentó acudir a la Embajada mexicana en Lima para asilarse, pero fue capturado en el camino por la Policía.
La fiscal de Perú, Patricia Benavides, presentó este lunes una denuncia constitucional contra Castillo, a través de un escrito enviado al legislativo.
De acuerdo con la demanda de Benavides, el exmandatario habría incurrido en los presuntos delitos de rebelión y conspiración la semana pasada, cuando decretó un estado de excepción y disolvió el Congreso, dos medidas que precipitaron su caída y detención en cuestión de horas.
Benavides introdujo el escrito un día después de que el parlamento, de mayoría derechista, resolviera retirarle la inmunidad a Castillo, lo que facilita su procesamiento judicial sin un previo antejuicio político en el legislativo.
El desafuero a Castillo, además, faculta a la Fiscalía a efectuar una detención preventiva contra el exmandatario.
