La Ley 162/2023 de Comunicación Social y sus disposiciones normativas complementarias entraron en vigor este 4 de octubre, tras 120 días de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
A tono con las actuales circunstancias y escenarios en la Mayor de las Antillas, evidencia la voluntad política del Partido y el Gobierno cubanos, para impactar en los diversos procesos comunicacionales, como muestra además de la necesidad de transformar el sistema de comunicación social en nuestro país.
«Los profesionales de la Comunicación y el Periodismo tenemos doble responsabilidad ante la entrada en vigor de la Ley de Comunicación Social en Cuba, uno es hacer bien el ejercicio de nuestra profesión y el otro es como servidores públicos, donde también transmitimos y llevamos conocimientos a la audiencia».
Así asegura Bertha Mojena Milian, directora de Comunicación Institucional de del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS) de Cuba, a la vez que señala que se trata de un tema de gran relevancia, sin dudas, para todos los actores sociales en nuestro país.
En este sentido, aborda las prioridades de un programa de educación para la comunicación «que ha estado impulsando el Instituto y que deberá seguir impulsando a largo plazo y que nos compete a todos».
Para la directora de Comunicación Institucional, es clave seguir estudiando la Ley y sus normas complementarias tras la entrada en vigor de la disposición, y para ello deben acceder al sitio Web del Instituto y a las plataformas digitales oficiales, para recibir datos e información confiable.
A decir de Anamaris Solórzano Chacón, directora general de Comunicación Organizacional y Comunitaria de dicho Instituto, estamos ante una normativa que delimita las responsabilidades y los modelos de actuación en espacios públicos digitales de directivos e integrantes de instituciones, así como de la población.
«La ley sale en Gaceta el 5 de junio y tuvo 120 días para su puesta en vigor – explica- y deja claro la existencia de un sistema de comunicación social en el país y regula ese sistema de comunicación social en la Isla».
Se trata de un sistema de comunicación social compuesto por tres ámbitos que es el ámbito organizacional, el ámbito comunitario y el ámbito mediático, complementa.
Del ámbito mediático señala el impacto de los medios de comunicación: la radio, la televisión, agencias de noticias y otros en esa estructura. «El ámbito mediático tiene obligaciones, tiene responsabilidades tiene maneras de hacer y responde a políticas editoriales propias».
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Sobre el ámbito organizacional, añade aspectos importantes a conocer referidos a las prácticas en este sentido, que existen dentro y fuera de las instituciones y organismos, y la interrelación entre organizaciones, entidades, las personas que componen esas organizaciones y sus públicos internos o externos.
Solórzano Chacón plantea que toda esa interrelación es lo que hace que cómo organización exista y se pueda relacionar con los públicos internos y con públicos externos «por tanto el ámbito organizacional que insisto, existe, convive, y además tiene vínculo con los otros dos ámbitos, se interrelaciona en la vida natural cotidiana».
Para la directora de Comunicación Organizacional y Comunitaria del Instituto de Comunicación Social en Cuba, el ámbito comunitario es uno de los más importantes reflejados en la normativa jurídica y tiene una práctica favorable desde hace muchos años «en el cara a cara en la comunidad, en la demarcación geográfica, con el papel del delegado y otros activistas en el barrio».
Desafíos que demandan la responsabilidad y compromiso de los medios de prensa en nuestro país, ante la entrada en vigor de la Ley de Comunicación Social en Cuba este 4 de octubre del 2024.