Con mayor frecuencia de la que quisiéramos escuchamos preocupaciones y alarmas de la ciudadanía por el deterioro de sitios patrimoniales de sus comunidades, el abandono de tradiciones o costumbres de poblados y ciudades, así como el daño a lugares naturales que se distinguían por su belleza.
También causa gran satisfacción en la población cuando se rescatan, restauran e impulsan cuidados para esas huellas de nuestra historia, cultura y naturaleza, algo que siempre se agradece en medio de tantas dificultades económicas, comenta para Haciendo Radio, el periodista Francisco Rodríguez Cruz.
La publicación este jueves en la Gaceta Oficial de la Ley 155, denominada “Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural”, fortalece las políticas del Estado para proteger toda esa riqueza que atesoramos en el país, y que no solo se ciñe a los grandes centros históricos de las ciudades más antiguas, a las más reconocidas prácticas culturales o a los sitios naturales nacional e internacionalmente más promovidos.
La mayor novedad en esta Ley resulta quizás la amplia cobertura que concede al cuidado, conservación y desarrollo de lo bueno, lo valioso y lo bello que tenemos en cada rincón de la nación, a partir de una mayor responsabilidad de los gobiernos municipales y de los habitantes de cada territorio.
En cada demarcación, en cada municipio, hay una edificación que cuidar, una cultura que defender y una naturaleza que cuidar. Por eso esta legislación y su reglamento establecen las categorías y los procedimientos para identificar, reconocer y atender ese patrimonio cultural y natural que mueve los sentimientos, afectos y memoria de sus pobladores.
Una festividad local que se realiza por décadas y hasta siglos, la más modesta playa, el río pequeño pero útil, las ruinas de una edificación donde mucha gente fue feliz, la vivienda emblemática de un reparto, todo lo que enriquece la vida de las personas puede y debe ser protegido.
Corresponde a las autoridades municipales, sus consejos populares, los proyectos de desarrollo local, pelear por los recursos y establecer las prioridades para que lo que les importa a sus habitantes nunca se pierda.
La nueva Ley establece los instrumentos y las maneras en que eso puede hacerse. Potencia el liderazgo de instituciones como el museo municipal y otras muy cercanas a esa sensibilidad popular que reacciona con agradecimiento cuando le salvan algo que es fuente de felicidad, o considera un agravio cuando el tiempo y la desidia se lo quitan.
No podemos esperar a nadar en la abundancia para salvar lo que nos define como nación, ni tampoco lo que caracteriza y define a esa patria chica del pueblo, barrio o la comunidad donde nacemos, crecemos y vivimos o recordamos desde cualquier lugar del planeta.
Personas entusiastas que sienten como suyas esas riquezas patrimoniales siempre las hay a lo largo de todo nuestro país. Con esta Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural es posible poner a trabajar a las instituciones culturales de conjunto con la ciudadanía, en función de esa protección a lo que no debemos perder.
Es una labor que se debe acometer con realismo, pero también con sentido de la urgencia y mediante una construcción colectiva de cuáles deben ser las prioridades, de acuerdo con la disponibilidad de recursos. Cuidar el patrimonio cultural y natural de cada sitio es una oportunidad para el enriquecimiento espiritual que también puede reportar un beneficio económico y social.
Esas preocupaciones y alarmas que con mayor frecuencia de la que quisiéramos escuchamos de la ciudadanía, por el deterioro de sitios patrimoniales, el abandono de tradiciones o costumbres y al daño a las bellezas naturales, tienen que ser entonces el mejor punto de partida para comenzar a implementar la nueva Ley.