Un memorando del Gobierno de Estados Unidos reveló que la nueva administración ha ordenado la pausa de todas las solicitudes de inmigración presentadas por nacionales de América Latina y Ucrania que suceden a la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 300.000 venezolanos, y ahora ponen en pausa los beneficios del llamado “parole humanitario” y otros programas de reunificación familiar que datan del mandato del demócrata Joe Biden.
La medida afecta a miles de personas que planeaban regularizar su estatus migratorio mediante casos de asilo político, amparos familiares o leyes que permiten el camino a la residencia. El memorando, fechado el 14 de febrero y revelado el martes por Andrew Davidson, un alto funcionario de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), menciona que todas las “solicitudes de beneficios pendientes” están en pausa administrativa indefinida.
Tres programas migratorios son los más afectados: el parole humanitario que permitió la entrada de 530.000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela; el programa de reunificación familiar para colombianos, ecuatorianos, centroamericanos, haitianos y cubanos; y el programa Unidos por Ucrania, que brindó amparo a 240.000 ucranianos con patrocinadores estadounidenses.
El memorando menciona que la pausa se debe a preocupaciones de fraude y seguridad pública que no están siendo adecuadamente señaladas en los sistemas de adjudicación del país. Miles de solicitudes fueron encontradas con “patrocinadores en serie”, información de fallecidos o direcciones repetidas. Davidson explicó que esta pausa podría ser levantada después de una revisión exhaustiva de los extranjeros en libertad condicional bajo estos programas.
Ciertamente, el futuro puede ser incierto para los ciudadanos que actualmente tienen protección y permisos de trabajo por dos años y que aspiran a obtener un estatus legal permanente, como los cubanos que podrían beneficiarse de la Ley de Ajuste después de un año de permanencia en el país. La medida de revocar el estatus legal y someter a deportación a quienes no obtengan otros beneficios de inmigración es una señal de que, bajo el gobierno actual, cualquier migrante podría estar en el limbo legal, y por ende, en riesgo.