El expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue trasladado de urgencia a un centro médico desde la prisión donde se encuentra debido a una leve deshidratación causada por su huelga de hambre. Tras ser evaluado, se confirmó que estaba estable y fue devuelto a la prisión de Barbadillo en Lima.
Castillo inició una huelga de hambre al comienzo de la semana como protesta ante el juicio en su contra, donde enfrenta acusaciones de supuesta rebelión, abuso de autoridad y alteración de la tranquilidad pública y, aunque su salud mejoró, decidió desvincularse del proceso judicial, dejando su representación en manos de un abogado público.
Durante el juicio, la defensa presentó un recurso de reposición que fue rechazado, lo cual permitió que la audiencia continuara. Entre las pruebas presentadas, destacó una llamada telefónica en la que Castillo presuntamente ordenó detener a la fiscal general y cerrar el Congreso. Además, se interrogó a testigos clave y a otros implicados en los cargos de rebelión y conspiración.
La Fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de prisión para Castillo debido a la gravedad de los hechos.
Contexto
Castillo, expresidente de Perú entre 2021 y 2022, fue sancionado por las autoridades penitenciarias con medidas como aislamiento y restricción de visitas, tras iniciar una huelga de hambre el 10 de marzo en protesta por el juicio en su contra.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) calificó la negativa de Castillo a ingerir alimentos como una falta disciplinaria grave, según el Código de Ejecución Penal, y anunció un proceso administrativo disciplinario. A pesar de estas medidas, el INPE aseguró que se respetan los derechos humanos de los internos mientras se mantiene el orden en las prisiones.
En una audiencia virtual el 11 de marzo, Castillo negó haber cometido rebelión y solicitó su excarcelación, argumentando que no representa un peligro para la sociedad y que cuenta con arraigos suficientes.
Castillo denunció que su encarcelamiento es injusto y que el tribunal ha forzado las acusaciones en su contra. Además, criticó el proceso judicial, calificándolo de «pantomima», y se negó a designar un abogado defensor, por lo que se le asignó uno de oficio.
Desde su detención el 7 de diciembre de 2022, tras anunciar la disolución del Congreso y otras medidas controvertidas, Castillo permanece en prisión, mientras que la interina Dina Boluarte asumió la presidencia.
Las denuncias de Castillo
Desde su reclusión, Castillo lanzó fuertes críticas contra Boluarte y las instituciones que lo destituyeron en diciembre de 2022. En una carta publicada el pasado diciembre, Castillo calificó a Boluarte como una «traidora y usurpadora» y afirmó que su destitución fue resultado de un golpe de Estado promovido por sectores de ultraderecha con el respaldo del Congreso, las Fuerzas Armadas y el sistema judicial.
En su mensaje, Castillo defendió su decisión de disolver el Congreso, argumentando que no fue un acto de rebelión, sino una respuesta al clamor del pueblo para cerrar un Legislativo que consideraba autoritario y convocar a una consulta para una nueva Constitución. También denunció ser víctima de persecución política.
Desde la Base Naval del Callao, donde cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022, Castillo dirigió su carta tanto al pueblo peruano como a la comunidad internacional.