La Ley 167 del Sistema de Atención a las Quejas y Peticiones de las Personas, establece un marco más efectivo y eficiente para la gestión de las inquietudes y solicitudes de la población.
La legislación que entrará en vigor el 13 de Marzo, marca un hito significativo en la administración pública cubana, dijo María del Carmen Cedeño, Jefa de la Oficina de Atención a la Población de la Presidencia de la República.
Un cronograma detallado ha sido dado a conocer para la implementación, evaluación y obtención de resultados, con el objetivo de asegurar una transición ordenada y eficiente.
El calendario establece que los procesos de capacitación y ajustes deben de completarse y la evaluación de los resultados se realizará de manera continua garantizando que se cumplan los objetivos de la Ley, añadió Cedeño.
Uno de los puntos cruciales de la Ley 167 es la implementación de un sistema de capacitación para los funcionarios y empleados de las entidades públicas.
Este sistema de capacitación es esencial para asegurar que todos los involucrados comprendan y apliquen correctamente los procedimientos establecidos por la nueva Ley,enfatizó la Jefa de Atención a la Población del Palacio de la Revolución.
Los programas de formación cubrirán todos los aspectos, desde la recepción de quejas hasta la resolución de las mismas,garantizando que cada caso se maneje con seriedad y diligencia.
Cada entidad debe de enviar una valoración detallada de su situación actual en relación con la gestión de quejas y peticiones, así como una propuesta de instrumentación ajustada a la Ley 167.
Está valoración permitirá identificar áreas de mejora y asegurar la implementación de las mejores prácticas en todas las entidades.
La Ley 167 representa un paso importante hacia una administración pública más receptiva y responsable, alineada con los principios de justicia y equidad que profesa Cuba.
La ley institucionaliza la atención a las quejas y peticiones de las personas, por lo que cada Organismo de la Administración Central del Estado, las OSDE y los gobiernos en los municipios están obligados a darle cumplimiento a lo que establece la legislación.