En Venezuela se realiza en estos momentos la Consulta Pública Nacional de la Ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, instrumento jurídico que en sus cuatro capítulos y 30 artículos garantiza la paz, el sosiego y la tranquilidad del pueblo.
Un tema que tiene una alta sensibilidad en estos momentos, luego de los actos violentos y fascistas que se perpetraron los días 29 y 30 de julio, después de las elecciones presidenciales, por bandas criminales organizadas por la ultraderecha nacional e internacional.
En los debates que llegan a todas las comunidades, pueblos, municipios y Estados del país participan el Poder Popular, representantes de instituciones públicas y diputados a la Asamblea Nacional, líderes de calles, y voceros de las comunidades, quienes dan sus criterios sobre la ley.
El pasado 2 abril, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez presentó el Proyecto de ley que ha seguido debatiéndose en el Parlamento.
En la reciente sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello puso los puntos sobre las íes en torno a un sentimiento de odio que no tiene cabida en la nación bolivariana y propuso que se realizara un debate en todo el país para recoger criterios de la ciudadanía y enriquecer el documento.
Por su parte, el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Pedro Infante calificó esta ley como un instrumento imprescindible cuando el fascismo pretende escalar en el país y el resto del mundo.
Los ciudadanos aspiran que la norma castigue severamente y a tiempo a los actores políticos, sociales, económicos, instigadores de las campañas de odio y violencia contra el pueblo venezolano y aseveran que con la aprobación de la ley se consolidarán los medios y mecanismos para garantizar la salvaguarda de Venezuela.
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