Diputados cubanos debatieron este 6 de diciembre, mediante videoconferencia, los proyectos de leyes «Del Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos» y «Del Notariado», previo al venidero Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura.
«Son normativas ampliamente evaluadas por especialistas del Ministerio de Justicia, profesionales de la Fiscalía Cubana, y profesores universitarios, conforme a la Constitución de la República, en atención al interés público y a la trascendencia social de estas actividades, bajo los principios éticos que las rigen», explicó aquí José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del legislativo cubano; a la vez que detalló «el impacto de las mismas en la actuación ante los órganos jurisdiccionales y otros, íntimamente relacionado con la defensa de los derechos de las personas y la realización de la justicia en nuestro país».
Como moderador del encuentro, desde el Salón Baraguá del Capitolio Nacional; Toledo Santander precisó que en el caso del proyecto «Del Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos»; la propuesta es de aplicación a todos los juristas que ejercen la representación, defensa y asesoramiento jurídico de las personas, ya sea en el ámbito de la abogacía como en el espacio de los Bufetes Colectivos.
Al introducirla; el titular del Ministerio de Justicia (Minjus), Oscar Manuel Silvera Martínez, profundizó en cómo su redacción y diseño «sitúa a Cuba entre los Estados que regula esta actividad mediante una norma jurídica de rango superior, estructurada en seis títulos, 33 capítulos con 200 artículos».
Asimismo, detalló a los diputados la relevancia de plasmar en el documento las misiones y principios del ejercicio de la abogacía, «en pos de evacuar consultas y dirigir, asesorar, representar y defender los derechos e intereses de personas naturales o jurídicas ante los tribunales de justicia, los órganos de arbitraje, los organismos administrativos, y las entidades o personas públicas y privadas; o ante situaciones de hecho o derecho que requieran la actuación de un abogado, en el territorio nacional, así como ante los órganos, organismos y organizaciones extranjeras o internacionales».
En este tema intervino, además, Lilia María Hernández Doejo, presidenta de la Junta Directiva Nacional de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos en Cuba (ONBC). «Es necesario actualizar las disposiciones normativas que rigen la actuación de nuestra institución en el ejercicio de la abogacía, y en la labor especifica de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, para alcanzar un ejercicio más eficiente de la profesión, que contribuya, sin dudas, a la materialización del derecho a la defensa de las personas con mayor garantía».
Aspectos como los principios rectores y valores de la profesión agruparon aquí parte de las intervenciones de los diputados, que desde las provincias coincidieron en la importancia de la ética en el actuar diario de esta actividad, y ponderaron la premisa de que el ejercicio de la abogacía se ejerza siempre con apego a la Constitución y a los principios generales del Derecho, respetando las garantías procesales y la salvaguarda de la realización efectiva de la justicia.
A debate proyecto de ley «Del Notariado» Con igual énfasis, debatieron también este 6 de diciembre el proyecto de ley «Del Notariado», que tiene por objeto regular el ejercicio de la función pública notarial que implica la prestación de un servicio público y el desempeño de la labor del notariado como garante de la justicia y la seguridad jurídica preventiva.
«La finalidad de la presente propuesta es asegurar mediante la función pública notarial el ejercicio de los derechos de las personas naturales y jurídicas en el ámbito de la actuación extrajudicial, la seguridad jurídica de los actos, hechos y negocios jurídicos que estas requieran; con el empleo de las tecnologías de la información, las comunicaciones y la responsabilidad de los notarios con el servicio público que prestan», subrayó durante su presentación el titular del Minjus, Oscar Manuel Silvera Martínez.
Junto a la directora general de Notarías y Registros Públicos en Cuba, Olga Lidia Pérez Díaz, pormenorizó en la trascendencia de actualizar la normativa vigente, la Ley 50 «De las Notarías Estatales», del 28 de diciembre de 1984.
En correspondencia con los principios, valores y reglas reconocidos en la Constitución de la República de Cuba, proclamada el 10 de abril de 2019, y en coherencia con las modificaciones legislativas en el Derecho Familiar, Civil, Mercantil, Procesal e Inmobiliario –refirió Silvera Martínez– se construyó en colectivo esta propuesta de disposición normativa, que apuesta por concretar los principios generales de organización y funcionamiento de la función pública notarial sobre la base de la actualización del modelo económico y social en la Mayor de las Antillas.
«El contenido de la normativa que evaluamos hoy se aplica al notario como profesional del Derecho y funcionario público, al ejercicio de la función pública notarial, a las tipologías y formas documentales, a la organización y funcionamiento de la prestación de este servicio y, establece las funciones que competen al Ministerio de Justicia como único organismo rector de la función», afirmó el Ministro del ramo.
Participaron también en el debate la vice fiscal general de la República, Alina Montesino Li; y la viceministra primera de Justicia, Rosabel Gamón Verde; entre otros invitados.
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