Venezuela y Estados Unidos confirmaron hoy que retomaron el diálogo con el objetivo de “mejorar las relaciones” bilaterales.
La parte venezolana estuvo encabezada por el jefe negociador del Palacio de Miraflores, Jorge Rodríguez, quien en un mensaje difundido en su cuenta de X escribió que se transmitió “la voluntad de ambos gobiernos de trabajar de forma conjunta para ganar confianza y mejorar las relaciones” y de “mantener las comunicaciones de manera respetuosa y constructiva”.
Rodríguez hizo mención a las «tergiversaciones» del Gobierno de Estados Unidos sobre las acciones de Caracas al tiempo que comentó que a finales de 2023 funcionarios de la Casa Blanca mantuvieron reuniones en Qatar con su delegación, lo que dio paso a la firma del Acuerdo de Barbados y, con ello, el intercambio de prisioneros.
“Advertimos que siempre responderemos con la verdad”, precisó Rodríguez quien además manifestó que “el diálogo debe limitarse a lo acordado en Qatar y que para seguir recuperando la confianza mutua y las relaciones entre los gobiernos se deben respetar los principios de autodeterminación, soberanía y reciprocidad”.
Por su parte, desde Washington, el encargado del Departamento de Estado para América Latina Brian Nichols, declaró que “nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, lo hemos dicho muchas veces”, mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, sostuvo que “damos la bienvenida” a esta instancia “de buena fe”.
Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela son prácticamente inexistentes desde que, en 2019, Washington impuso sanciones, que mantiene hasta el día de hoy.
Recientemente, en el marco del Acuerdo de Barbados, Estados Unidos accedió a rebajar algunas de estas medidas, específicamente unas sobre el petróleo, pero nunca se materializaron por parte de Washington.
Caracas pide recuperar la denominada Licencia General 44 que tenía acordada con Estados Unidos, y los cientos de millones de dólares que la Casa Blanca mantiene congelados de manera unilateral. La Licencia General 44 permitía a las empresas extranjeras realizar contratos de producción de gas y petróleo en Venezuela sin violar las normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), así como también utilizar el sistema financiero de los Estados Unidos para cancelar pagos vinculados con operaciones comerciales realizadas en territorio venezolano.