Al menos 20 personas han fallecido en la última semana durante las protestas que piden la liberación y restitución en el poder de Pedro Castillo, destituido por una mayoría derechista del Congreso y sustituido en el cargo por Dina Boluarte.
La Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, llamó a investigar las circunstancias de cada una de las muertes, ya que el uso de las armas letales es la última opción, en medio del Estado de Emergencia decretado por el gobierno de Boularte.
Revollar tomó nota así de las versiones preliminares sobre las muertes acaecidas en la ciudad de Ayacucho, donde las Fuerzas Armadas habrían respondido con munición letal contra los manifestantes que intentaron tomar la terminal aérea.
La Defensoría del Pueblo emitió, además, emitió un comunicado para exigir el cese inmediato de los hechos de violencia y exhortar a las fuerzas del orden a actuar apegadas al orden Constitucional.
El texto pidió a las autoridades policiales y militares garantizar que el personal a su cargo tenga la experiencia, entrenamiento y capacidades suficientes para participar en el control de manifestaciones sin incurrir en abusos que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas.
Este viernes, la canciller peruana, Ana Gervasi Díaz, llamó a los manifestantes al diálogo, pero defendió la acción represiva contra lo que llamó acciones delincuencias, mientras persisten las movilizaciones que exigen la salida del Gobierno de Dina Boluarte, la disolución del Congreso y el llamado a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna.
Para hacer frente a la crecientes protestas, la administración de Boularte decretó el toque de queda por cinco días en 15 provincias de ocho de los 25 departamentos del país, buscando la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios en el marco del Estado de Emergencia a nivel nacional.
Se permitirá a las personas circular por las vías públicas para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público; el desplazamiento con vehículo de aquellas personas que requieren de una atención médica urgente o para la adquisición de medicamentos.
Al mismo tiempo, el personal de prensa escrita, radial o televisiva podrá desplazarse siempre que porten su pase personal laboral, su credencial periodística y su documento nacional de identidad.
Asimismo, se exceptúa del toque de queda al personal estrictamente necesario que participa en la prestación de servicios esenciales.
Entre tanto, el expresidente, Pedro Castillo, permanecerá en prisión por 18 meses, tras ser detenido para ser investigado por rebelión al tratar de dar un supuesto golpe de Estado y cerrar el Congreso.
Un juez de la Corte Suprema señaló en su resolución que existen elementos de convicción de presunta conspiración y que Castillo, junto a la exprimera ministra, Betssy Chavéz, el exministro del Interior, Willy Huerta, y el asesore presidencial, Aníbal Torres, habrían concertado la decisión de disolver el Congreso e intervenir el sistema de Justicia.
El magistrado dictaminó también que hay elementos de convicción de que Castillo tenía la intención de fugarse y asilarse en México.
Los abogados de Castillo No participaron en la audiencia virtual del jueves, argumentando que la destitución del mandatario fue ilegal, al igual que el proceso que se está llevando en su contra.
El abogado de oficio que se le asignó a Castillo indicó que su defendido No llegó a cometer el delito de rebelión, debido a que No se alzó en armas, y aseguróque tampoco existe el peligro de fuga del ex presidente.
Pedro Castillo permanecerá recluido en las instalaciones del penal de Barbadillo en el distrito de Ate, al este de la capital, Lima.