El actual presidente ecuatoriano Daniel Noboa y Luisa González, del partido Revolución Ciudadana, se enfrentarán en una segunda vuelta electoral el 13 de abril de 2025 tras no alcanzar la mitad más uno de los votos válidos ni el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo candidato, por lo que se preparan para un balotaje que decidirá el próximo mandatario.
Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), con más del 90% de las actas escrutadas, Noboa obtuvo algo más del 44% de los votos válidos y González superó el 43%, por lo que ambos deberán ajustar sus estrategias para captar votos con candidatos como Andrea González Náder (Sociedad Patriótica) y Leónidas Iza (Pachakutik) que consiguieron juntos más del 7% de los votos, y cuyos electores podrían inclinar la balanza en la venidera contienda.
Las próximas semanas serán cruciales para formar alianzas y fortalecer las estrategias. Noboa, quien busca la reelección, ha centrado su campaña en la seguridad y la atracción de inversiones, implementando medidas como el despliegue militar en las calles y reformas para mejorar la competitividad económica del país. Sin embargo, los apagones causados por la sequía han sido un punto crítico durante su administración, debido a la poca capacidad termoeléctrica del país y a la dependencia de los recursos hídricos.
Un caso que puso a prueba al gobierno de Noboa fue la desaparición y el asesinato de cuatro niños en Guayaquil, quienes fueron detenidos ilegalmente por una patrulla militar. Aunque el presidente afirmó que no habría impunidad, no se emitió ninguna nota de pesar desde el gobierno al conocerse de las muertes. También se suman las alertas sobre posibles abusos de la fuerza, los secuestros y las ejecuciones extrajudiciales por parte de los militares.
Por su parte, Luisa González representa la opción del correísmo, con una agenda enfocada en la recuperación de la gestión pública de las hidroeléctricas, al considerarlas como un sector estratégico del Estado; la reducción de la dependencia del petróleo, impulsando la manufactura y los sectores con alto valor agregado; la ampliación del acceso a la educación y la garantía de una enseñanza pública gratuita en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la universidad; y la consolidación del Sistema Nacional de Salud, para lo cual propone la integración de las unidades privadas como prestadoras bajo un modelo unificado, lo que asegura la protección de los hospitales públicos ante la privatización.