“Si la universidad está vacía, ¿de qué llenamos el futuro?”, podía leerse en un cartel escrito a mano sostenido por un estudiante en la Plaza de Mayo.
La movilización “En defensa de la educación pública”, tuvo réplicas en todo el país y se unieron sindicatos, organizaciones sociales y partidos de la oposición.
La causa fundamental es la decisión del presidente ultraderechista Javier Milei de mantener el presupuesto nacional de 2023, pese a una inflación interanual de casi 288% en marzo y disponer aumento de partidas de forma unilateral.
Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA), institución pública y una de las más prestigiosas de América Latina, denunciaron que la resolución afecta el funcionamiento de las distintas facultades. Ese centro podría cerrar sus puertas a mediados de este año, si se mantiene la situación. «No podemos poner en sospecha 200 años de historia. Aún con muy bajo presupuesto la UBA está entre las tres mejores de América Latina», señaló al respecto el decano de la Facultad de Medicina de la UBA, Luis Brusco.
“Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en gastos de funcionamiento. Las partidas que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las universidades para poder funcionar, mantener edificios, realizar obras, sostener becas, las residencias, comedores, investigar, el desarrollo científico, laboratorios, servicios básicos, alquileres, todo fue congelado”, asegura un texto leído por la presidente de la Federación Universitaria de Argentina (FUA) en el cierre de la protesta.
“Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022”, señaló.
Según los organizadores de la protesta participaron cerca de 800.000 personas.
“Desfinanciar la universidad es una forma de destruirla. Es importante defenderla para que las clases bajas que no tienen dinero para pagar educación tengan acceso a la universidad y hacer la carrera que quieran. En otros países eso no pasa. Tengo tres hijas y quiero que tengan mis mismas posibilidades”, declaró a la agencia AP, Flavia Comiglio, egresada de la carrera de Comunicación Social de UBA.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que la marcha que tiene lugar en la capital busca “poner en jaque al gobierno” al contar con la presencia de dirigentes del peronismo y organizaciones sociales izquierdistas contrarias a Milei, un economista ultraliberal y de extrema derecha que asumió en diciembre.
La protesta también contó con el apoyo de centros privados como las universidades de San Andrés y Torcuato Di Tella, que manifestaron su preocupación por “las evidentes campañas de descrédito de las universidades nacionales y de la investigación científica”.
Además de Buenos Aires, en otras provincias, como Córdoba, también hubo masivas manifestaciones en las cuales el movimiento estudiantil se unió con la Confederación General del Trabajo y las fuerzas políticas opositoras en contra del recorte a la educación pública.
El contexto
Las universidades se declararon en emergencia presupuestaria después de que el gobierno prorrogara para este año el mismo presupuesto que recibieron en 2023, a pesar de la inflación interanual que en marzo rozó el 290 %.
«No esperen la salida de la mano del gasto público», advirtió Milei el lunes.
La semana pasada el ultraderechista concedió «aumentar en 70 % las partidas de gastos de funcionamiento en marzo y otro 70 % en mayo», además de una suma para hospitales universitarios, con lo cual el gobierno considera que la discusión «está saldada», dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni. No obstante, es muy insuficiente.
«De las cuatro categorías docentes, tres han caído bajo la línea de pobreza», afirmó el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo.
Unos 2,2 millones de personas estudian en el sistema universitario público, elegido por el 80 % de los estudiantes frente a las instituciones privadas, en un país con casi la mitad de su población de 47 millones de personas en la pobreza.