La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (Parlamento) aprobó hoy la Ley de la Fiscalía General de la República, tras ser debatido su proyecto durante un amplio proceso de consultas desde la base y presentado ahora en el décimo período de sesión ordinaria de la IX Legislatura, que concluye este miércoles en el Palacio de Convenciones de La Habana.
En presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz y de Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la nación, Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, explicó que para confeccionar y enriquecer el texto ahora concluido, en el 2020 se creó un grupo de trabajo.
Especialistas de la Fiscalía, del Tribunal Supremo Popular, los ministerios del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y varias universidades integraron el equipo y realizaron la búsqueda de los referentes doctrinales históricos y legislativos del país y de otras regiones del mundo.
Fueron examinadas leyes, decretos- leyes y disposiciones normativas dictadas por la fiscal general de la República, se estudiaron leyes de fiscalías generales, procuraduría y ministerios públicos sobre aspectos relevantes como principios, objetivos, funciones, organización estructural, su relación con la de estos órganos, cuestiones negativas a su carácter de unidad orgánica, indivisible, independencia funcional y el ejercicio de la acción penal pública.
Se revisaron y tuvieron en cuenta las recomendaciones de trabajo de investigación científica realizados por profesionales del órgano, resultante de estudios académicos de posgrado, diplomados y especialidades en la Escuela Superior de Cuadros del Estado y el Gobierno y el Colegio de Defensa Nacional.
Una de las tareas de mayor importancia fue asegurar un amplio proceso de consulta en el que intervinieron los trabajadores de la Fiscalía, representantes de órganos del Estado, organismos de la Administración Central del Estado, académicos, expertos en marxismo y diputados de la Asamblea Nacional, comentó Peña Ojeda.
Entre los aspectos más debatidos mencionó los principios y su conceptualización, los objetivos en que se sustenta la actividad de la Fiscalía, sus funciones y atribuciones de los cargos, y la autoridad para designar a los fiscales de la institución.
A decir de Peña Ojeda, la nueva normativa asegura respaldo legal a las atribuciones del fiscal general, relaciona las de los fiscales, establece deberes y derechos, protección y garantía del cargo, un lugar predominante para la conducta ética y buenas prácticas.
Perfecciona pronunciamientos del fiscal, plazos para responder solicitudes de cooperación, asistencia y requerimientos, consecuencias de su incumplimiento y establece un sistema de tránsito promocional para fiscales y otros cargos, relativo al ingreso, permanencia, traslado, promoción, formación, desarrollo, atención, estimulación, evaluación del desempeño y cese.
Asimismo regula la práctica institucional en materia de aplicación y desarrollo de la ciencia, la innovación, uso de tecnologías de información y comunicación, telecomunicaciones, y respalda procesos de superación y capacitación de posgrado que realiza la Escuela Nacional de la Fiscalía General de la República
Peña Ojeda señaló que la norma incorpora relaciones de trabajo con órganos, organismos e instituciones, entidades y organizaciones; cooperación e intercambio con fiscalías, procuradurías generales, ministerios públicos, órganos jurisdiccionales instituciones y organizaciones jurídicas extranjeras, y para la asistencia jurídica internacional.
La nueva ley se estructura en seis títulos, 17 capítulos, 41 secciones, 121 artículos, dos disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales.
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